El mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta. Los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE, representan más del 75% del mercado. A nivel regional,  el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es considerable. La prensa (digital y/o en papel) goza de una mayor diversidad de publicaciones y, por tanto, de mayor pluralidad y representatividad.

España es víctima de un clima de gran polarización política, del que no se libran unos medios de comunicación en los que la opinión contamina cada vez más a la información, acrecentando la desconfianza de la ciudadanía en la profesión periodística. El apoyo de los partidos independentistas a la coalición de izquierdas, que ha permitido a Pedro Sánchez repetir legislatura, ha agravado aún más esta tendencia. La formación ultraderechista Vox sigue vetando a periodistas y medios de sus actos, y esparciendo informaciones falsas.

El Gobierno y sus socios parlamentarios incumplieron su promesa de derogar los artículos más polémicos de la “Ley Mordaza” en la anterior legislatura y el texto se mantiene, pues, en vigor diez años después de su aprobación, a pesar de las reiteradas promesas de reformarlo. Los llamados “delitos de opinión”, como los insultos a la corona o la ofensa a los sentimientos religiosos, tampoco han sido despenalizados y han encallado en negociaciones parlamentarias que se eternizan.

La fuerte concentración de los medios privados se traduce en cierta opacidad sobre la influencia real que ejercen sus propietarios sobre los actores públicos. Esta falta de transparencia afecta también a los gastos publicitarios de las administraciones públicas y de las grandes compañías privadas españolas. Desde la crisis económica de 2008 y la ola de cierre de medios y despidos masivos que supuso, la profesión se ha instalado en una precariedad ya cronificada.

La española es una sociedad tolerante y abierta a la diversidad, por lo que los periodistas rara vez afrontan presiones que no provengan de las autoridades. Sin embargo, la polarización y la radicalización crecientes de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad hacia los periodistas, una de las profesiones peor valoradas por los españoles.

La formación de un nuevo gobierno de izquierdas y la aprobación de la ley de amnistía que beneficia a los líderes independentistas han desembocado en numerosas manifestaciones de la derecha y, sobre todo, de la extrema derecha, en las que los ataques a la prensa se han disparado. Insultos, agresiones físicas, acoso… La cobertura de manifestaciones ha vuelto a ser una actividad de riesgo en España. Este clima de hostilidad se reproduce en las redes sociales, donde los trolls de extrema derecha y de extrema izquierda arremeten constantemente contra los profesionales de la información.