Tras un período preocupante, a finales de la década pasada, respecto al pluralismo y la independencia editorial de los medios de comunicación, la situación ha mejorado claramente, en gran parte gracias a las leyes “antitrust” de 2020. El principal digital informativo del país, Stuff, ha podido recuperar su independencia financiera, y por tanto editorial, después de haber sido objeto del deseo de los grandes grupos del país. Actualmente, otras webs de información le disputan su espacio, como The Spinoff y Newsroom. El grupo New Zealand Media and Entertainment (NZME) controla el principal diario del país, The New Zealand Herald, así como la radio Newstalk ZB. El sector audiovisual está controlado por la corporación pública, dividida entre sus dos entes, Television New Zealand, sujeta a una ley de radiodifusión, y Radio NZ. Un enésimo proyecto de fusión de ambas fue rechazado en 2022, ya que la búsqueda de sinergias económicas suponía una amenaza excesiva para la calidad de la información.

Fundado en 1852, el sistema democrático neozelandés establece una estricta separación entre el poder ejecutivo y la prensa, reconocida como garante del Estado de derecho y de la defensa del interés público. Con el Consejo de los Medios y la Public Broadcasting Standards Authority, los periodistas del archipiélago tienen el apoyo de dos organismos de autorregulación, cuyos miembros son designados mediante un proceso que garantiza su independencia.

No existen garantías jurídicas expresas que protejan la libertad de prensa, ya sea en la Constitución o en leyes específicas sobre la materia. Sin embargo, la jurisprudencia establece que los litigios relacionados con los medios, como los casos de difamación, se resuelvan sistemáticamente en tribunales civiles y casi siempre de forma amistosa. Desde hace años, los periodistas reclaman la reforma de la ley sobre información pública de 1982 (Official Information Act, OIA), que se supone debe garantizar la transparencia en la acción de gobierno. Pero en la práctica, este texto concede a los organismos gubernamentales plazos excesivos para responder a las peticiones de los periodistas y obliga a las redacciones a pagar centenares de dólares para obtener información pública. El gobierno se comprometió a esta reforma, pero la pospuso a finales de 2021.

La viabilidad económica de muchos medios se ha visto seriamente amenazada por la crisis de la Covid-19, que ha provocado la pérdida de unos 700 empleos en el sector. Para hacer frente a esta situación, el gobierno anunció un plan de ayudas de 55 millones de dólares neozelandeses (33 millones de euros) en tres años, incluidos en un fondo de apoyo al periodismo de interés público.

El ADN de la sociedad neozelandesa es multicultural, como ya se plasmaba en el Tratado de Waitangi de 1840, por el que las poblaciones de ascendencia maorí y las europeas se reconocían recíprocamente. La dimensión bicultural de la nación no se acaba de reflejar, sin embargo, en los medios, aún dominados por la prensa anglófona. Sin embargo, se va reequilibrando paulatinamente la situación, como acredita el éxito de la cadena Māori Television y de otros programas en lengua maorí en medios dirigidos al gran público, como Te Karere, The Hui o Te Ao. Los medios neozelandeses actúan también como altavoz de otras naciones del Pacífico Sur, como es el caso de Tagata Pasifika o Pacific Media Network.  

Los periodistas se enfrentan cada vez más al problema del acoso en Internet. Los movimientos de protesta contra las restricciones derivadas de la Covid-19 y el "asedio" del Parlamento durante un mes, a principios de 2022, dificultaron sus condiciones de trabajo y los expusieron a casos de violencia, insultos y amenazas de muerte, hasta ahora excepcionales en el archipiélago. Un estudio de 2023 reveló que los elevados índices de violencia y amenazas contra los periodistas exponían al país al riesgo de una "censura popular", es decir, una vigilancia ciudadana destinada a "disciplinar" al periodismo. Las mujeres periodistas han sido las más afectadas por los ataques en línea.