El medio más extendido en Sudán del Sur es la radio, con más de 40 emisoras en activo en los diez estados del país. Las principales emisoras son Miara, Eye Radio y Catholic Radio Network y están expuestas a los intentos de intimidación y censura por parte de las autoridades. El país cuenta con dos cadenas públicas de televisión, la South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC) a nivel nacional, y el canal regional EBC. Existen seis periódicos, de los cuales cuatro se publican en inglés y dos en árabe. Sólo los dos diarios anglófonos (N°1 Citizen y City Review) son independientes de la influencia del Estado. 

La mayoría de los responsables políticos imponen su agenda a los medios y ejercen una fuerte presión. La televisión y la radio nacionales carecen de independencia. Se enfrentan a amenazas y sanciones, y sus periodistas se exponen a detenciones  si los programas no respetan la línea impuesta por el gobierno. Desde la puesta en marcha, en 2017, de la Autoridad de los Medios (MA), el organismo regulador, el cierre de medios es menos frecuente. Los agentes del Servicio de Seguridad Nacional (NSS) suelen intervenir en las redacciones o imprentas para censurar contenidos. Varios artículos del periódico Al-Mouqif fueron retirados de sus páginas en 2019.  

En 2013 y 2014, el presidente aprobó la Ley sobre la Autoridad de los Medios, la Ley sobre  la Sociedad de Radiodifusión y la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información, que conforman el marco jurídico para la promoción de la libertad de prensa y el acceso a la información. Estas normas no impiden los continuos atentados contra la libertad de información por parte de las autoridades y del NSS.  

La concentración de la propiedad de los medios genera posiciones dominantes en el país. Los medios públicos o apoyados por responsables políticos tienden a recibir más publicidad que los medios privados. El coste administrativo del registro de un medio es muy elevado, así como los impuestos que debe pagar. Esta falta de recursos da vía libre a la corrupción dentro de las redacciones. En los últimos años, varios medios tuvieron que cerrar al ser inviables económicamente.  

La guerra civil que estalló en diciembre de 2013, enfrentando a los partidarios del presidente contra los del vicepresidente, reavivó los conflictos étnicos que influyen en la práctica del periodismo. Los reporteros que pertenecen a una determinada etnia no pueden cubrir los acontecimientos en partes del país afines a otra etnia. Las mujeres no suelen ser autorizadas a realizar entrevistas o coberturas de acontecimientos.

Al menos nueve periodistas han sido asesinados desde  2014, entre ellos, el reportero freelance de guerra británico-estadounidense Christopher Allen, asesinado a balazos y calificado como “rebelde blanco” por las autoridades. Hubo que esperar más de seis años después del asesinato para que las autoridades anunciaran la apertura de una investigación. La impunidad prevalece en la práctica totalidad de los crímenes. Los profesionales de los medios, locales o extranjeros, que intentan proporcionar una información libre se enfrentan a represalias: ejecución, tortura, secuestro, detenciones arbitrarias, envenenamiento, acoso… Frente a estas amenazas, algunos prefieren cerrar su diario o marcharse del país.