A pesar de no ser un país muy poblado (620.000 habitantes), Montenegro cuenta oficialmente con tres cadenas de televisión con cobertura nacional, incluída la cadena pública RTCG, y una agencia de noticias. Tres de las cuatro redes de televisión que aseguran la cobertura a nivel nacional están total o parcialmente controladas por capital extranjero, especialmente por empresas de la vecina Serbia. 

Tras la derrota electoral del DPS (antiguo partido comunista en el poder desde hacía 30 años y hostil con la libertad de prensa) en 2020, las presiones y ataques del gobierno hacia la prensa han disminuido ligeramente. Éste ha prometido armonizar la legislación nacional con el derecho europeo en 2024. Por otra parte, se teme que los propietarios extranjeros de algunos canales puedan influir en las líneas editoriales al servicio de los intereses de otros gobiernos - principalmente el serbio - o de sus protegidos políticos locales.  

En Montenegro, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, y la difamación está despenalizada. A pesar de las mejoras del marco jurídico en los últimos años, siguen existiendo lagunas respecto al libre acceso a la información de interés público y la confidencialidad de las fuentes. Esto se traduce en una protección insuficiente de la independencia de los medios frente a las presiones políticas y económicas, que afectan a la propia RTCG, aunque se hayan aprobado nuevas normas al respecto, en 2020. 

Siendo el Estado el principal anunciante, éste ha asignado durante décadas la mayor parte de su publicidad a los medios afines al gobierno. Mientras que la radiotelevisión pública y RTCG están básicamente financiadas por el Estado, los medios privados están a merced de la influencia de los anunciantes y la volatilidad del mercado publicitario. El gobierno ha prestado apoyo financiero a los medios a causa del fuerte impacto económico de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, este apoyo resulta insuficiente para asegurar su subsistencia. 

La sociedad montenegrina tiene profundas divisiones étnicas, religiosas y políticas, a las que se suma una cultura política autoritaria heredada de su pasado. En este contexto, se acusa frecuentemente a los medios de trabajar para intereses extranjeros y de traicionar al país o a la iglesia. Los políticos, ya sean del partido en el poder o de la oposición, emprenden frecuentes campañas contra los periodistas.

La práctica totalidad de los ataques contra los periodistas en los últimos años han sido resueltos judicialmente, pero muchos de los que sucedieron en el pasado permanecen impunes, a pesar de las promesas del nuevo gobierno. Es el caso del asesinato del redactor jefe Dusko Jovanovic, en 2004, y de la tentativa de asesinato de la periodista de investigación Olivera Lakić, en 2018. Tras siete años de proceso por cargos espurios de pertenencia a un grupo criminal, el periodista Jovo Martinovic fue finalmente absuelto en 2023.