El panorama mediático bajo el gobierno de Abiy Ahmed, en el poder desde 2018, sigue estando muy polarizado e impregnado de una cultura de opinión que va en detrimento de la verificación de la información. No obstante, es mucho más abierto y pluralista respecto del régimen anterior, pues más de 200 medios prohibidos en el pasado se han vuelto a autorizar. La radio sigue siendo el medio más popular: Fana FM, Sheger FM y las emisoras regionales tienen grandes audiencias. Las cadenas de televisión más conocidas son Kana, EBS y Fana BC. Hay varias publicaciones de prensa escrita, cuyos lectores son principalmente las élites urbanas. The Reporter es el semanario independiente más respetado.

La propaganda para controlar la narrativa de la guerra existe tanto dentro del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), como en el seno de las autoridades estatales, creando una desinformación en las redes sociales que retoman los medios. El poder ha recuperado el control de la información y para ello ha creado una plataforma de “verificación”. Bajo la apariencia de un medio, es en realidad una herramienta para transmitir la comunicación del régimen, que utiliza información no verificada y desinforma para desacreditar a las voces críticas. Lejos de promover un periodismo independiente y de calidad, la Autoridad de Regulación de los Medios (EBA) es un instrumento al servicio de las autoridades. 

La nueva ley sobre los medios, aprobada en 2021, ofrece un marco legal más abierto y protector para los periodistas. La difamación ha sido despenalizada y se protege el secreto de las fuentes. En la práctica, se elude ampliamente esta norma, que no impide las detenciones de periodistas. De hecho, en mayo de 2022, se produjo una oleada de detenciones arbitrarias contra unos quince periodistas. La ley antiterrorista, o la más reciente sobre los discursos de odio, contienen disposiciones muy vagas que conllevan fuertes penas de prisión y que pueden ser utilizadas contra los periodistas críticos. El estado de emergencia en la región de Amhara, proclamado en agosto de 2023, permite vulnerar todas las leyes garantistas.

Los bajos salarios, el aumento del coste de vida y la corrupción ponen la integridad profesional de los periodistas a prueba. La concentración de medios en manos de un puñado de hombres de negocios causa problemas de independencia, mientras que el coste de creación de un medio nuevo, especialmente en el sector audiovisual, es muy disuasivo.  

Numerosos medios etíopes están fuertemente marcados por consideraciones étnicas, regionalistas y políticas, que van en detrimento de una información independiente, plural y equilibrada. La autocensura está muy extendida y no exime a los periodistas.   

El recrudecimiento de los ataques contra los periodistas observado durante la guerra en Tigray a finales de 2020 se mantiene, especialmente desde el inicio de las tensiones en la región de Amhara. Varios periodistas han sido asesinados en circunstancias poco claras durante el conflicto de Tigray. Muchos otros, cuyas coberturas de los conflictos de Amhara y Tigray no estaban alineadas con la comunicación gubernamental, han sido detenidos bajo acusaciones muy graves, como “exaltación del terrorismo”. En ocasiones, los periodistas son encarcelados en campos militares en pleno desierto. La hostilidad hacia los medios extranjeros quedó también patente a principios de 2023 con la suspensión de cerca de quince canales extranjeros, a los que las autoridades acusaron de trabajar sin licencia.