La relativa diversidad del sector mediático de Guinea-Bisáu está caracterizada por una fuerte polarización. Los medios gubernamentales, bajo una gran influencia de los poderes públicos, son: la televisión nacional, que no llega a cubrir todo el territorio nacional; la radio nacional, el diario No Pintcha y la agencia de noticias de Guinea-Bisáu. El país cuenta también con 88 emisoras de radio privadas y comunitarias, diarios privados y unos pocos medios digitales.  

Los periodistas deben enfrentarse a una inestabilidad política crónica. Pocos días después de los enfrentamientos de noviembre de 2023, hombres armados con uniforme militar irrumpieron en los locales de la televisión y la radio públicas enviados por el presidente Umaro Sissoco Embaló, para ordenar la emisión de un informativo sobre la disolución del parlamento. Posteriormente, un antiguo director de la radio nacional asumió por la fuerza la dirección del medio por orden del jefe del Estado, que consideraba al hasta entonces director demasiado próximo a la oposición. A principios de 2024, el presidente también pidió al Ministerio del Interior que creara "brigadas" para controlar los programas de radio y detener a las personas consideradas ofensivas. En los últimos años , el presidente ya había amenazado con el cierre de varias emisoras de radio que no tenían la licencia definitiva para operar. También se refirió a los periodistas como "estómagos agradecidos". 

Aunque la Constitución garantiza la libertad de prensa y estipula que debe ser independiente de los intereses económicos y políticos, no es así en la práctica. Del mismo modo, si bien existe una ley de la prensa y el estatus de periodista está reconocido en el país, no hay ninguna legislación que garantice el acceso a la información a los ciudadanos. 

Los ingresos publicitarios de los medios y las cifras de venta de diarios son muy bajos. Algunos periodistas sólo cubren eventos cuando el organizador es quien paga. En ciertas emisoras de radio, muchos programas solo se emiten tras el abono de una tarifa establecida. Los medios estatales, que supuestamente tienen más recursos, no se salvan de las dificultades económicas. Con un salario medio mensual de 50 euros, muchos periodistas se ven obligados a afiliarse a un partido político para poder subsistir. Los propietarios de la gran mayoría de las emisoras comunitarias y privadas, muy frágiles económicamente, han sido amenazados con la cárcel si no pagan el canon de 380 euros correspondientes a la licencia.

Los medios se ven obligados muy frecuentemente a autocensurarse respecto a temas sensibles, como el tráfico de drogas. La malversación de fondos y la corrupción, de las que los periodistas no están exentos, también son sujeto de autocensura. 

Los periodistas están expuestos regularmente a agresiones físicas, y las redacciones al saqueo. Los reporteros también pueden ser objeto de violentas campañas de hostigamiento en Internet, especialmente las mujeres. Las emisoras de radio independientes, se ven  amenazadas a menudo con ser suspendidas. En 2023, Capital FM, una de las emisoras más escuchadas del país, tuvo que cesar su actividad durante siete meses, acusada de no haber renovado una tasa anual.