Clasificación 2024
70/ 180
Puntuación: 62,12
Indicador político
73
53.07
Indicador económico
44
55.83
Indicador legislativo
80
64.35
Indicador social
113
54.38
Indicador de seguridad
71
82.95
Clasificación 2023
68/ 180
Puntuación: 63,95
Indicador político
83
55.75
Indicador económico
47
56.32
Indicador legislativo
73
66.39
Indicador social
105
59.32
Indicador de seguridad
60
81.99

Japón es una democracia parlamentaria que respeta, en general, los principios de libertad y pluralismo de los medios. No obstante, el peso de las tradiciones, los intereses económicos, las presiones políticas y las desigualdades de género a menudo impiden a los periodistas ejercer plenamente su función de contrapoder.

Panorama mediático

En Japón, los medios tradicionales siguen siendo más influyentes que las webs de información online. Los principales periódicos y grupos audiovisuales son propiedad de los cinco conglomerados mediáticos más importantes del país: Yomiuri, Asahi, Nihon-Keizai, Mainichi y Fuji-Sankei. Yomiuri Asahi son los diarios de mayor tirada del mundo, con 6,2 y 3,6 millones de ejemplares diarios, respectivamente. Del mismo modo, Nippon Hōsō Kyōkai (NHK) es uno de los mayores grupos audiovisuales públicos del mundo.

Contexto político

Desde 2012 y la llegada al poder de la derecha nacionalista, los periodistas se quejan del clima general de desconfianza e, incluso, hostilidad para con ellos. El sistema de clubs de prensa (“kisha clubs”), que solo autoriza a los medios establecidos el acceso a las conferencias de prensa y a los cargos de responsabilidad, lleva a los periodistas a autocensurarse y supone una discriminación flagrante para los periodistas independientes o extranjeros.

Marco legal

Una legislación ambigua promulgada en 2021, y que se aplicará por primera vez en 2024, restringe el acceso al público, incluidos los periodistas, a 583 zonas próximas a instalaciones militares  e infraestructuras juzgadas “de interés para la seguridad nacional”, como las centrales nucleares y las bases militares, so pena de dos años de prisión y/o multa de hasta 2 millones de yenes (cerca de 14 000 euros). El gobierno se niega, igualmente, a modificar una ley sobre protección de los secretos de Estado, que castiga la publicación de informaciones obtenidas “ilegalmente” con hasta 10 años de cárcel.

Contexto económico

En este país, que cuenta con la tasa más alta de personas mayores del mundo, la prensa en papel sigue siendo el principal modelo económico del sector, pero su futuro es incierto por el declive de su audiencia. Japón no dispone de ninguna ley que limite la propiedad cruzada de periódicos y grupos audiovisuales, lo que ha conducido a una concentración extrema de los medios y al desarrollo de grupos de un tamaño muy importante, que pueden llegar a contar con hasta más de 2.000 periodistas.

Contexto sociocultural

En Japón, el gobierno y las empresas ejercen regularmente presiones sobre los líderes de los medios dirigidos al gran público, lo cual se acaba traduciendo en una fuerte autocensura sobre temas que podrían ser considerados sensibles, como la corrupción, el acoso sexual, las cuestiones de salud o la contaminación. Desde 2020, el gobierno ha reducido considerablemente el número de periodistas convocados a sus ruedas de prensa, aduciendo medidas sanitarias vinculadas con la pandemia, y ha incluido al grupo audiovisual público NHK en la lista de organizaciones del país que debían seguir sus “instrucciones”, en caso de crisis nacional mayor.

Seguridad

Aunque los periodistas japoneses gozan de un entorno de trabajo relativamente seguro, algunos han sido demandados por políticos por el simple hecho de haber retuiteado un contenido considerado “difamatorio”. En las redes sociales, grupos nacionalistas acosan regularmente a los periodistas que critican al gobierno o que cubren temas “antipatrióticos”, como la tardanza en la respuesta a la catástrofe del terremoto de Noto o la utilización del término “agua radioactiva tratada”, que se usa para designar el agua de Fukushima.