Con más de 100 emisoras de radio y cerca de 50 cadenas de televisión, el sector audiovisual keniano es rico y plural. La empresa Royal Media Services domina el mercado, con 14 emisoras de radio y tres cadenas de televisión, siendo la más popular Citizen TV. El sector de la prensa escrita está mucho menos desarrollado, con sólo cuatro periódicos de información general en el mercado. El grupo mediático Nation Media Group domina el panorama periodístico en Kenia y el este de África. 

Gran parte de los medios pertenecen a responsables políticos o a personas próximas al poder. La elección de William Ruto, en agosto de 2022, como presidente marcó el comienzo de un periodo difícil para la prensa. Los dirigentes de grandes grupos mediáticos, como Nation Media Group, e importantes medios de comunicación, como Daily Nation, fueron despedidos por presiones políticas. Las autoridades pueden influir en el nombramiento de los responsables de los medios y en las del organismo que los regula, un órgano presuntamente independiente, pero que depende directamente del Estado. La importante presencia del poder político genera autocensura. 

La libertad de prensa está recogida en la Constitución, pero en la veintena de leyes que regulan el ejercicio del periodismo hay numerosas disposiciones que ponen en entredicho este principio fundamental. La ley sobre el cibercrimen aprobada en 2018 prevé, a título de ejemplo, hasta 10 años de cárcel y 40.000 euros de multa por la difusión de “noticias falsas” que puedan incitar a la violencia. El acceso a informaciones públicas sigue siendo difícil, a pesar de la promulgación de una ley en este ámbito.   

Altos funcionarios del gobierno de Ruto consideran a algunos medios como grupos de interés político. En general, no se han tomado medidas para mejorar el contexto económico de la prensa. La crisis sanitaria de la pandemia Covid-19 conllevó la destrucción de, al menos, 300 puestos de trabajo y el reemplazo de la información por música en numerosos programas de radio, según el sindicato de periodistas kenianos. La distribución de ayudas estatales a la prensa es opaca.  

La pertenencia étnica, relacionada a menudo con el posicionamiento político, pesa aún sobre el ejercicio del periodismo en el país y puede significar ser promovido o apartado en algunas redacciones. Ciertos temas relativos a la seguridad nacional, al terrorismo, a la religión, o también al tráfico de drogas, armas o personas son muy sensibles, y los periodistas que los han abordado han tenido que solicitar protección, en algunas ocasiones.   

El asesinato, en octubre de 2022, del destacado periodista paquistaní Arshad Sharif volvió a poner en primer plano la seguridad de los periodistas. Las investigaciones sobre este asesinato han estado marcadas por una falta de transparencia agravada por la ausencia de un acuerdo de cooperación judicial entre Kenia y Pakistán. Cubrir eventos, en especial las manifestaciones, o describir negativamente al partido en el poder y sus disfunciones también pueden costar caro a los reporteros. Las campañas electorales suelen desencadenar un fuerte recrudecimiento de los atropellos contra la prensa: los periodistas son víctimas de agresiones físicas, tanto por las fuerzas del orden como por la ciudadanía, y sufren también campañas de intimidación, amenazas públicas por parte de políticos, y confiscaciones de material por parte de la policía. Las investigaciones sobre estos ataques raramente finalizan con una condena.