Libia es un auténtico agujero negro informativo. La mayoría de los medios y de los periodistas ha huido del país y los que quedan tratan de garantizar su seguridad trabajando para uno de los contendientes, mientras que los periodistas extranjeros no pueden realizar coberturas. Transformados en partes activas del conflicto, los medios tradicionales ya no juegan su papel de garantes de una información libre, independiente y equilibrada, capaz de reflejar los auténticos retos de la sociedad libia y, más en concreto, las aspiraciones de los jóvenes. Éstos encuentran en las redes sociales un espacio abierto al diálogo, pero también propicio a la radicalización y a la difusión del odio. Con todo, han surgido algunas iniciativas que intentan alumbrar un nuevo modelo mediático más independiente.

Tras una década salpicada por los conflictos armados, bajo los que subyace una guerra civil, los partidarios del antiguo gobierno de unidad nacional de Trípoli y el Ejército Nacional libio, que lidera el mariscal Haftar, pactaron un alto el fuego auspiciado por la ONU, en marzo de 2021.La Misión de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) reunió a las partes beligerantes en Ginebra para entablar un diálogo que desembocó en el nombramiento del empresario Abdel Hamid Dbeibah para encabezar un nuevo gobierno de unidad nacional, con la supuesta misión de convocar unas elecciones generales que son constantemente aplazadas. En cuanto a los periodistas, se ven obligados a doblegarse al posicionamiento adoptado por los medios para los que trabajan, lo que acarrea una desinformación crónica, mientras la corrupción campa a sus anchas. En el este del país, están sometidos al poder del general Khalifa Haftar y ningún medio puede criticar a los militares.

Ningún organismo de regulación de la prensa, ni ninguna ley-marco garantiza el derecho a la información, ni impone el respeto al pluralismo y a la transparencia de los medios. Ninguna ley ampara, tampoco, la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y el derecho a una información fiable. Algunos textos en vigor relativos a la libertad de expresión tienen más de 50 años y los delitos de prensa siguen siendo punibles con penas privativas de libertad.

La financiación de los medios privados depende de los ingresos publicitarios de grupos dirigidos por empresarios próximos a los líderes y dignatarios políticos. La connivencia entre lo político y lo mediático, así como la opacidad de los contratos publicitarios merman la independencia de los medios y los periodistas. Éstos trabajan en condiciones precarias y pueden ser despedidos de forma arbitraria, según convenga a los intereses de sus empleadores.

Desde hace décadas, los periodistas son el blanco de intimidaciones, violencia física, y acoso psicológico, si bien la situación parece haber mejorado desde 2021. Los atropellos contra los reporteros son tanto más frecuentes cuanto que gozan de una impunidad total. Las milicias amenazan regularmente a los profesionales de los medios, y no dudan en atacarlos y encarcelarlos con frecuencia. Quienes controlan la autoridad, ya sea en el este o en el oeste del país, han conseguido, a través de sus facciones armadas, sembrar el miedo entre los periodistas y han acabado por erradicar los medios independientes del país.